Chile retoma la regulación de las apuestas online mientras continúan los bloqueos a plataformas

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Publicado: 06/11/2026 5 Minutos de lectura

Chile lleva años intentando resolver qué hacer con las plataformas de apuestas online, y todavía no consigue ponerse de acuerdo. Por una parte las autoridades ordenan bloquear sitios que operan sin autorización, y por otra el Congreso discute una ley que permitirá a algunas de esas mismas empresas funcionar legalmente, siempre que cumplan una serie de requisitos.

La discusión volvió a tomar fuerza el 27 de octubre de 2026, cuando el Senado comenzó a revisar nuevas propuestas del Gobierno. Ya hay planteamientos en cuanto a licencias, impuestos, restricciones publicitarias y medidas para proteger a los usuarios. Sin embargo, no todos los parlamentarios están convencidos de que regular sea la mejor solución.

Una regulación que lleva más de cuatro años en discusión

El proyecto para regular las apuestas online ingresó al Congreso en marzo de 2022. Desde entonces, ha pasado por distintas etapas sin conseguir convertirse en ley. Uno de los principales problemas ha sido encontrar un punto de acuerdo entre quienes quieren permitir el funcionamiento de estas empresas bajo supervisión estatal y quienes consideran que deberían mantenerse fuera del mercado chileno.

En agosto de 2025, el Senado aprobó la idea general de legislar sobre esta actividad. Fue un avance, pero no significó que la regulación estuviera lista. Todavía faltaba discutir cuestiones tan importantes como los impuestos, la publicidad, las licencias y las responsabilidades de las plataformas frente a sus usuarios.

El tema volvió a moverse desde el 26 de octubre de 2026, cuando el Gobierno presentó un documento de 114 páginas con modificaciones al proyecto. Un día después, la Comisión de Economía del Senado comenzó a revisarlas. La intención del Ejecutivo es crear un mercado regulado, donde las empresas puedan operar con autorización y estén obligadas a cumplir determinadas condiciones.

El problema es que; mientras se discute cómo permitir su funcionamiento, las restricciones actuales siguen aplicándose.

Las plataformas continúan bloqueadas y la situación legal no ha cambiado

El 1 de septiembre de 2026, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a seis proveedores de internet bloquear 42 direcciones relacionadas con plataformas de apuestas online. La medida respondió a resoluciones judiciales contra sitios que ofrecen juegos de azar sin contar con autorización legal en Chile.

Pero el procedimiento no terminó allí. El 21 de septiembre se sumaron otras 37 direcciones, entre ellas páginas alternativas vinculadas a plataformas conocidas. Esto no significa que se hayan bloqueado 79 empresas diferentes, porque un mismo operador puede utilizar varios dominios para ofrecer sus servicios.

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Los bloqueos se realizan principalmente mediante el sistema DNS. Dicho de forma sencilla, los proveedores de internet impiden que determinadas direcciones funcionen normalmente cuando alguien intenta ingresar a ellas. Sin embargo, esta medida no soluciona por sí sola problemas como la protección del dinero de los usuarios o la posibilidad de reclamar ante una empresa.

Aquí aparece otra situación que ha generado bastante discusión: algunas plataformas están registradas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para declarar y pagar IVA. De hecho, en septiembre el Senado informó que existían 39 plataformas inscritas, pese a que no contaban con autorización para explotar comercialmente apuestas online.

La explicación es que pagar impuestos no significa tener permiso para operar. El SII puede exigir determinadas obligaciones tributarias sin que eso implique entregar una licencia de juego. Por eso, aunque una plataforma esté registrada para efectos tributarios, no debe confundirse con una empresa legalmente autorizada para ofrecer apuestas en Chile.

Qué cambiaría si finalmente se aprueba la regulación

La principal novedad del proyecto es que las casas de apuestas podrían solicitar licencias para funcionar legalmente. Estas autorizaciones tendrían una duración de cinco años y estarían sujetas a requisitos relacionados con la situación financiera de las empresas, su constitución legal y los mecanismos utilizados para supervisar sus operaciones.

Para los usuarios también habría cambios importantes. El Gobierno propone establecer límites iniciales de depósitos y tiempo de conexión, además de exigir controles más estrictos para verificar la identidad de quienes utilizan las plataformas. También se contemplan herramientas para impedir el acceso de menores de edad y permitir que una persona pueda bloquear voluntariamente su participación en las apuestas.

Estas últimas medidas buscan prevenir problemas asociados a la ludopatía, una adicción al juego que puede afectar tanto las finanzas como la vida personal de quienes la padecen. La intención es que las plataformas tengan responsabilidades concretas en lugar de dejar toda la prevención en manos del usuario.

Pero ojo con esto, que se apruebe una ley no significaría que todas las casas de apuestas bloqueadas puedan volver a operar automáticamente. Cada empresa tendría que cumplir los requisitos establecidos y obtener su autorización. Además, todavía falta determinar cómo funcionarían los periodos de transición y qué ocurriría con los operadores que ya ofrecen servicios.

La publicidad y los impuestos mantienen dividido al Congreso

Uno de los puntos que más controversia ha generado es la publicidad. El Gobierno propone prohibir los anuncios de apuestas online, incluso cuando las plataformas tengan licencia para funcionar. La restricción también alcanzaría a los bonos y promociones que suelen utilizarse para atraer nuevos clientes o incentivar su participación.

La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), que representa a varios operadores, cuestionó esta propuesta. Su argumento es que, si las empresas autorizadas no pueden anunciarse, los usuarios tendrían más dificultades para distinguirlas de aquellas que continúen funcionando ilegalmente.

En cambio, quienes respaldan la prohibición consideran que reducir la exposición a estos anuncios ayudaría a prevenir conductas de riesgo, especialmente entre menores de edad. La discusión no es menor para el fútbol chileno, donde las casas de apuestas han tenido presencia mediante patrocinios y acuerdos comerciales con clubes y otros actores del deporte.

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Los impuestos también generan diferencias. El Ejecutivo plantea aplicar un IVA del 19 % y un impuesto adicional del 3 %, sobre una base relacionada con la diferencia entre el dinero apostado y los premios pagados por las plataformas. Esto no significa descontar automáticamente un 22 % de cada apuesta, sino establecer obligaciones tributarias para las empresas.

Sin embargo, algunos senadores consideran que el impuesto adicional del 3 % sería demasiado bajo. También existe preocupación por el trato que recibirían los casinos tradicionales, que ya enfrentan otras cargas tributarias y realizan aportes a municipios y gobiernos regionales.

Chile todavía tiene varias decisiones pendientes

Hasta el 5 de noviembre de 2026, el proyecto continúa en su segundo trámite constitucional en el Senado. Las nuevas indicaciones comenzaron a discutirse el 27 de octubre, pero todavía no hay una fecha confirmada para la aprobación de la ley ni para la eventual entrada en funcionamiento de plataformas autorizadas.

Lo interesante de esta discusión es que Chile intenta resolver dos problemas al mismo tiempo: qué hacer con las apuestas online que actualmente no están autorizadas y cómo proteger a quienes podrían utilizarlas si finalmente se permite su funcionamiento.

Desde Chilebets consideramos que lo más importante es que existan reglas claras, tanto para las empresas como para los usuarios. Saber quién está autorizado, qué ocurre con el dinero depositado y dónde presentar un reclamo… es algo que debería ser parte básica en cualquier país con seguridad en esta materia.

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